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Índice

 * 1CAMBIO CLIMATICO Y DESPLAZAMIENTO
 * 1.1INTRODUCCION
 * 1.2CAMBIO CLIMÁTICO Y VULNERABILIDAD
 * 1.3DESPLAZAMIENTO FORZADO AMBIENTAL
 * 1.4CAMBIO CLIMATICO Y MIGRANTES EN COLOMBIA
 * 1.5REFERENCIAS

INTRODUCCION[editar código · editar]
El cambio climático es la crisis que define nuestra época y el desplazamiento causado por desastres ambientales es una de las consecuencias más devastadoras del fenómeno. Poblaciones en todo el mundo están sufriendo los estragos del cambio climático, pero las personas en los países en los que además existen conflictos socioeconómicos más complejos, suelen tener afectaciones desproporcionadas. “El desplazamiento masivo provocado por eventos climáticos extremos se está convirtiendo en la norma”, así lo señala el último informe del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por su sigla en inglés). El panorama es preocupante: el 2019 podría convertirse en uno de los años más desastrosos desde que se tienen registros (UNHCR, 2022 ).

El ciclón Fani provocó más de 3,4 millones de nuevos desplazamientos en India y Bangladés en mayo de este año, la mayoría en forma de evacuaciones preventivas para salvar vidas. El ciclón Idai causó daños devastadores en Mozambique, Malaui, Zimbabue y Madagascar, en marzo, y ocasionó 617.000 nuevos desplazamientos. Las inundaciones fueron igualmente devastadoras, particularmente en Irán, donde afectaron a alrededor del 90 por ciento del país. Sin haberse contabilizado el impacto del huracán Dorian en Bahamas, los eventos climáticos extremos desplazaron a siete millones de personas durante los primeros seis meses de este año ((UNHCR, 2022).

Según el IDMC, hubo alrededor de 10,8 millones de nuevos desplazamientos en todo el mundo entre enero y junio de 2019; 7 millones provocados por desastres (950 eventos) y 3,8 millones, por conflictos y violencia. India, Bangladés y Mozambique lideran la lista de los países con mayor número de desplazados por desastres naturales. En Colombia particularmente no se tiene una cifra exacta pero “todos los municipios presentan algún tipo de riesgo por cambio climático”. 20 departamentos, que representan el 69 por ciento del PIB nacional y albergan el 57 por ciento de la población, son los más críticos. San Andrés y Bogotá serían las ciudades más vulnerables (El tiempo,2019 ).

CAMBIO CLIMÁTICO Y VULNERABILIDAD[editar código · editar]
El cambio climático se entiende como las variaciones del clima atribuidas directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmosfera global, sumada a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables El cambio climático está teniendo efectos sobre el planeta, muchos de ellos de forma adversa evidenciado en los cambios en los ecosistemas; en la composición, la resiliencia,  productividad natural  y/o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, en la salud y el bienestar humano (CMNUCC, 1992 ). }

El cambio climático amenaza la población global, especialmente en los países en desarrollo. Los países de Europa y Estados unidos son los más preparados para enfrentar el cambio climático mientras que los países del Medio este, Asia, África y Latino América son los más expuesto a las consecuencias del cambio climático y los menos preparados para enfrentarlo, entre ellos, Colombia.

DESPLAZAMIENTO FORZADO AMBIENTAL[editar código · editar]
El desplazamiento forzado ambiental comienza a considerarse una categoría de estudio a nivel global ya que representa el rostro humano del cambio climático, se trata de un término complejo que abarca distintas connotaciones (Valencia,2014, citado por Sarmiento y Erazo,2018) es un fenómeno que afecta globalmente tanto países desarrollados como los que no (Nardulli et al., 2015 ), acentuándose a un más en estos últimos, por las condiciones socioeconómicas y tecnológicas de estos países y donde el desarrollo ha sido desigual y las poblaciones carecen de capacidades de adaptación (Sarmiento Erazo, 2018 ).

Cada vez más organizaciones y analistas utilizan el concepto de “refugiados ambientales” o el de “refugiados por efecto del clima” para referirse a la gente que se ve obligada a dejar su lugar de residencia debido al cambio climático a largo plazo o por desastres naturales repentinos. El ACNUR tiene grandes reservas respecto a la terminología y la noción de los refugiados ambientales o refugiados por efecto del clima. Estos términos no cuentan con una base en el derecho internacional de los refugiados. Sin embargo, el ACNUR reconoce que efectivamente hay ciertos grupos de migrantes que actualmente se encuentran fuera del ámbito (Guterres, 2009 ).

El desplazamiento (forzado) de personas se puede presentar en dos contextos diferentes: un desplazamiento interno y un desplazamiento que trasciende las fronteras nacionales (internacional). En ambos casos, se evidencia un factor común: el abandono no voluntario de hogares y sitios de origen (ACNUR, 2015, citado por Sarmiento y Erazo). El cambio climático y la degradación constituyen una fuente de migración forzada que podría quedar por fuera de las categorías de asilo y refugio. Su adecuada conceptualización demanda una perspectiva analítica que, por un lado, evite especulaciones numéricas y, segundo, no trivialice los impactos negativos de los cambios ambientales (Delgado, 2014 citado por Sarmiento-Erazo, 2018).

Algunos Estados y ONG han sugerido enmendar la Convención de 1951 sobre los Refugiados y ampliarla expresamente para incluir a la gente que ha sido desplazada a través de las fronteras como resultado del cambio climático de largo plazo o por súbitos desastres naturales. El ACNUR considera que estas modificaciones en la definición se correría el riesgo de una renegociación de la Convención de 1951, que no estaría justificada por las necesidades actuales. Además, que en el entorno político actual puede dar lugar a una reducción de las normas de protección de los refugiados e incluso socavar todo el régimen de protección internacional de refugiados; podría tomar algún tiempo alcanzar un acuerdo apropiado sobre el camino por seguir, pero no debería ser un impedimento para que los Estados reconozcan sus obligaciones existentes en virtud del derecho internacional (Guterres, 2009). Por otro lado, parecería que la comunidad internacional no ha mostrado mucho interés en una convención internacional “para proteger a los ‘refugiados por efecto del clima’, ya que esto requiere ciertos compromisos y responsabilidades (Warner, 2011 ) que no están dispuestos a asumir.

En el contexto colombiano, los esfuerzos políticos, económicos y sociales se han centrado en el desplazamiento forzado por el conflicto armado (ACNUR, 2015), sin embargo existe un número creciente de personas que no puede proveerse su sustento en sus sitios de origen, producto de transformaciones paulatinas en el ambiente o desastres ambientales de gran magnitud, consecuencia del cambio climático, y cuyo estudio se muestra complejo, transversal, cambiante y escurridizo. No obstante se evidencia una fuente de migración forzada relacionada con el cambio climático que aún no ha sido desarrollada de manera exhaustiva en el ordenamiento jurídico, y que, debido a la crudeza de la guerra que ha vivido el país por décadas, se ha visto invisibilizada (sarmiento Erazo, 2018).

La categoría usada en el país para atender indiscriminadamente a las víctimas de eventos naturales está sujeta a la denominación de damnificado. Este estatus implica una atención humanitaria meramente asistencialista con limitación de tiempo y recursos, mientras que reconocer a las personas en situación de desplazamiento forzado ambiental permitiría el goce de mecanismos, procedimientos, estrategias, programas, políticas y derechos similares a los que se le han otorgado a las víctimas de desplazamiento forzado por conflicto armado (Medellin, 2018 ).

CAMBIO CLIMATICO Y MIGRANTES EN COLOMBIA[editar código · editar]
Hasta ahora, la comunidad internacional se ha enfocado en los aspectos científicos del cambio climático con el propósito de comprender los procesos que interviene y mitigar el impacto de la actividad humana. Sin embargo, el cambio climático conlleva a un problema humanitario, por lo que es un asunto que le compete a las agencias humanitarias (ACNUR).

Actualmente el cambio climático está socavando los medios de subsistencia de mucha gente en el mundo, exacerbando las diferencias en los ingresos y aumentando las desigualdades. Al aumentar la temperatura la tierra es menos productiva y el proceso de urbanización se acelera, generando escasez de recursos y servicios públicos alrededor del mundo, así como también el costo de los alimentos y de la energía; asi mismo, la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores como resultado del cambio climático. Como consecuencia de esto, es posible que aumenten las tensiones y los conflictos sociales. Frente a esto, las poblaciones im implementarán estrategias de adaptación para evitar estos conflictos o enfrentar el desplazamiento como resultado de desastres ambientales, ciclones, inundaciones y deslizamientos de tierra (Guterres, 2009). La migración es a menudo la estrategia de supervivencia empleada por las poblaciones que ven amenazada su seguridad. El ACNUR está convencido que la financiación internacional adicional no sólo será necesaria para ayudar a los países a mitigar el impacto del cambio climático, sino también para reforzar la adaptación, la preparación para los desastres y la reducción de riesgos, así como la respuesta humanitaria nacional. En las últimas dos décadas el número de desastres naturales registrados se han duplicado, de 200 a más de 400 al año. Nueve de cada diez desastres naturales se relacionan con el clima actual. Para evitar situaciones donde la gente se vea obligada a migrar o convertirse en desplazada, por lo que se deben reforzar la resistencia de las comunidades, tanto en términos de su seguridad física como de su capacidad de mantener medios de subsistencia adecuados (Guterres, 2009).

El Banco Mundial (2018 ) estima que los desplazados para 2050 podrían alcanzar los 143 millones de personas en las tres regiones más pobladas del mundo: África al Sur del Sahara, Asia Meridional y América Latina. En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación El DNP- (2018)  alerta que 6,7 millones de personas están en riesgo ante eventos relacionados con inundaciones, deslizamientos y flujos torrenciales, y frente a las capacidades de los entes territoriales para gestionarlo (Medellin, 2018). El enfoque más eficaz para garantizar el acceso a la protección nacional de las personas desplazadas a través de las fronteras debido a los impactos de los desastres y el cambio climático sería apoyar a los gobiernos, En este contexto, el ACNUR debe estar atento a estas cuestiones, así como a los posibles impactos del cambio climático que afecten a la autosuficiencia futura de los refugiados (por ejemplo, debido a la escasez de recursos, la capacidad limitada de carga de la tierra, etc (Goodwin-Gill y McAdam, 2017 ).

El ordenamiento jurídico internacional parecería haber dejado de lado al refugiado ambiental, y demuestra que un acuerdo internacional para la materia se encuentra lejano. El “umbral” de protección internacional al desplazado forzoso de 1951 se muestra insuficiente para la realidad de un fenómeno global capaz de provocar una crisis humanitaria igual o mayor que los conflictos intra y transnacionales. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del 2012 continúa siendo un sistema reactivo que parecería limitado para prevenir los riesgos sociales y ambientales producto del cambio climático (Sarmiento Erazo, 2018).

Sin lugar a dudas, el reconocimiento integral de los derechos de las víctimas de desplazamiento ambiental forzado permitiría darle rostro humano a los efectos del cambio climático, a través de los cual se pueda materializar el propósito que el país planteó en el Sistema Nacional de Cambio Climático en relación a la implementación de políticas estratégicas, planes, proyectos y acciones en cada región, que se relacionen de manera integrada con el desarrollo económico, social y ambiental y con un enfoque de sostenibilidad (Medellin, 2018).

Colombia es un país vulnerable a los efectos del cambio climático por las características propias de su ubicación geográfica. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (2010), la mayor parte de la población se ubica en las partes altas de las cordilleras, donde generan problemas de escasez hídrica e inestabilidad de suelos, y en las costas, donde el aumento del nivel del mar y las inundaciones pueden afectar los asentamientos humanos y las actividades económicas clave (Medellín, 2018).

Datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2018 ) estiman que en Colombia, cada año en promedio 2.800 viviendas son destruidas y 160 personas mueren a causa de los deslizamientos, las inundaciones y las avalanchas; El 61% de las personas expuestas vive en aglomeraciones urbanas (Medellin, 2018). Por lo que se requieren políticas públicas y acciones concretas a la vulnerabilidad frente al cambio climático. La ausencia del concepto de desplazamiento ambiental forzado en la normatividad colombiana invisibiliza a las víctimas del desplazamiento como sujetos de derecho, que urgen por el reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición tal como ocurre con las víctimas del conflicto armado; minimiza las consecuencias que esta migración puede causar a los territorios y deja sin seguridad jurídica a todos los niveles de gobierno tanto en los municipios desde los cuales se origina el desplazamiento como aquellos que cumplen el papel de receptores (Medellin, 2018).

Un informe entregado por la Defensoría del Pueblo (2011 ) tras la emergencia por el Fenómeno de La Niña entre 2010-2011 señala que aunque la mayoría de los municipios incorpora en sus planes de ordenamiento la gestión del riesgo, un porcentaje alto lo incluye deficientemente. La debilidad institucional, la falta de experiencia a nivel territorial, la distribución de los recursos económicos, la corrupción, el manejo de la información, la desarticulación intersectorial e interinstitucional, entre otros, son algunas de las debilidades (Amar et al., 2014). Una de las causas del desplazamiento forzado es la ·ausencia de una planeación territorial para la adaptación al cambio climático y la ejecución de las actividades de prevención de riesgos naturales” (Castro y Velez, 2018, p. 2 ).

En el municipio de Manatí (atlantico), uno de los afectados casi en un 80% por la inundación que ocasionó la ruptura del Canal del Dique en 2010, lo cual generó destrucción material y desplazamiento de la población afectada; las actividades de pesca y agricultura se vieron fuertemente afectadas (Medellin, 2018).

En Antioquia, los proyectos sobre el rio Cauca produjeron graves afectaciones en la población. Los habitantes consultados manifestaron haber perdido su sustento económico (se dedicaban a la pesca) el cual perdieron a causa del proyecto. Además de afectar la subsistencia, esto afectó la tradición ya que era un aprendizaje pasaba de generación en generación. Los habitantes manifiestan un empobrecimiento progresivo desde 2010 cuando se comenzó la construcción de los megaproyectos a tal punto que hoy no cuentan con los recursos para vivienda y alimentación digna y de calidad. Muchos de los habitantes tuvieron que desplazarse de manera definitiva, algunos se encuentran en albergues y otros donde familiares o amigos o en viviendas de alquiler, por lo que abiertamente se convierten en desplazados por fenómenos ambientales causados por un proyecto de desarrollo estatal. Este desplazamiento también impactó el tejido social de las comunidades, el acceso a los alimentos, al río y al bosque, el derecho a la libre movilidad por su territorio, el estrecho vínculo con la fauna y la flora, su proyecto de vida y su identidad (Medellin, 2018).

A los municipios les corresponde determinar, dentro de su plan de ordenamiento territorial (POT) las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, y las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales (literal ‘d’ del art. 10 de la Ley 388 de 1997). De este modo, se evidencia que los municipios, bajo el ordenamiento jurídico interno, están llamados a enfrentar la potencial situación de desplazamiento y reasentamiento de las personas que habitan en sectores de alto riesgo (Sarmiento Erazo, 2018).

Por parte del estado y los entes municipales, hay pocas acciones para el reasentamiento de la población y en algunos casos las familias reciben un subsidio mensual para vivir. Esta medida desconoce los impactos que van más allá del factor económico. Esto es un reflejo de la incapacidad de los municipios para la formulación e implementación de sus planes de ordenamiento territorial que además de incluir la gestión del riesgo como lo establece la ley, estén orientados a la adaptación al cambio climático y consideren fundamentalmente los impactos que este fenómeno está generando en los sistemas físicos, biológicos y humanos del planeta (Sarmiento Erazo, 2018).

El régimen jurídico colombiano ha desarrollado un sistema limitado de asistencia y protección para aquellos que están o serán desplazados en razón de la crisis medioambiental. El sistema normativo no parecería facilitar la movilidad humana como estrategia de adaptación al cambio climático, y aunque trae obligaciones para prevenir la migración forzada, éstas pueden resultar frustradas en la medida en que no logra identificar ni priorizar “lugares críticos”, que en Colombia pueden ser frecuentes, debido a que los conflictos ambientales, sociales y políticos suelen concurrir en las mismas áreas, donde por demás, la institucionalidad es débil o simplemente no existe (Sarmiento Erazo, 2018).

La realidad colombiana está lejos de fortalecer el sistema, y parecería continuar siendo un sistema reactivo, que atiende el desastre solo en la medida de su ocurrencia, y que por demás, otorga competencias a entidades locales que difícilmente podrían atender, dada la debilidad institucional que caracteriza al Estado colombiano, en especial, a las autoridades ambientales (Sarmiento Erazo, 2018).